DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO EN LA COMUNA DE JAÉN.
SITUATIONAL DIAGNOSIS OF THE PARTICIPATORY BUDGET IN
THE COMMUNITY OF JAÉN.
Baca Castillo E. E.1
Villalobos Monsalbe A. E.2
Ñañez Campos O. 3
Montenegro Camacho L.A.4
1Estudiante Doctorado Universidad César Vallejo bcastilloee@ucvvirtual.edu.pe
2Estudiante Doctorado Universidad César Vallejo avillalobosmo@ucvvirtual.edu.pe
3Estudiante Doctorado Universidad César Vallejo oscarnc@ucvvirtual.edu.pe
4DTP Doctorado Universidad César Vallejo mcamachola@ucvvirtual.edu.pe
RESUMEN
La situación actual del presupuesto participativo en la comuna de Jaén es
incipiente, debido que los funcionarios y agentes participantes presentan
escaso dominio y manejo teórico práctico de los diversos procesos metodológicos
de este instrumento de gestión pública y participación ciudadana. Esta realidad
se percibe en la escasa capacidad para preparar acciones de sensibilización,
comunicación y convocatoria por parte de los responsables directos del
presupuesto participativo; insuficiente predisposición y apertura de las
autoridades para concertar, tomar decisiones y celebrar acuerdos y compromisos con
las organizaciones socioambientales; descoordinación entre el gobierno local y
regional afectando asegurar la sostenibilidad de los proyectos de inversión
priorizados; asimismo, en la etapa de formalización los funcionarios prefieren
incluir en el Presupuesto de Inversión de Apertura (PIA) proyectos que tengan
mayor impacto político, excluyendo y desatendiendo aquellos que demanda la
población. Para tal fin constituyen comités de vigilancia aliados, ajustan el
proceso de rendición de cuentas a sus intereses; restringen mecanismos de
transparencia y acceso a la información pública. Este diagnóstico de análisis
reflexivo y critico refleja la necesidad de fortalecer las capacidades
profesionales de los funcionarios y potenciar las bases de una cultura de participación
corresponsable e informada.
Palabras
clave: Presupuesto
participativo, preparación, concertación, coordinación, formalización, ciudadanos,
autoridades, proyectos de inversión.
ABSTRACT
The current situation of the participatory
budget in the commune of Jaén is incipient, since the
participating officials and agents present little command and practical
theoretical management of the various methodological processes of this
instrument of public management and citizen participation. This reality is
perceived in the limited capacity to prepare awareness-raising, communication
and convening actions by those directly responsible for the participatory
budget; insufficient willingness and openness of the authorities to conclude,
make decisions and conclude agreements and commitments with socio-environmental
organizations; lack of coordination between local and regional government,
affecting ensuring the sustainability of prioritized investment projects;
likewise, in the formalization stage, officials prefer to include in the
Opening Investment Budget (PIA) projects that have greater political impact,
excluding and neglecting those that the population demands. To this end, they
establish allied vigilance committees, adjust the accountability process to
their interests; restrict transparency and access to public information
mechanisms. This reflective and critical analysis diagnosis reflects the need
to strengthen the professional capacities of officials and enhance the
foundations of a culture of shared responsibility and informed.
Keywords: Participatory budgeting,
preparation, coordination, coordination, formalization, citizens, authorities,
investment projects.
I. INTRODUCCIÓN
El presupuesto
participativo forma parte de las políticas de descentralización
del Perú, presenta una base legal amplia que formaliza su implementación
en los diversos niveles gubernamentales (gobiernos
regionales, provinciales y distritales); tiene carácter imperativo y su alcance pretende asegurar
la concertación, deliberación, corresponsabilidad y consensos entre los
ciudadanos y las autoridades públicas. Además, este
mecanismo de gestión pública se sustenta en un enfoque democrático inclusivo, directo
y representativo basado en el diálogo concertado entre las autoridades en
ejercicio y la sociedad civil organizada. No obstante, este discurso
teórico y alentador para la armonía social y política, se ve distante y
deslegitimizado en la práctica debido a la desconfianza generada por los altos
índices de corrupción; incumplimiento de los planes de gobierno, y el incremento
de conflictos sociales.
En la
actualidad la implementación del presupuesto participativo en la comuna de la Provincia
de Jaén está regulada por la Ordenanza Municipal N° 007-2019-MPJ/A, la misma
que reglamenta sus procesos para el periodo fiscal 2020, las áreas responsables
de su cumplimiento son la Gerencia de Planificación y Presupuesto, y la unidad
de Imagen e informática institucional. Análogamente, de acuerdo al Plan de
Desarrollo Provincial Concertado 2013 -2021, la Dirección de Desarrollo
Económico es la encargada de impulsar y promover este mecanismo de
participación ciudadana, aunque de manera empírica o incipiente.
La
comuna de Jaén en el 2019 empezó con un Presupuesto de Inversión de Apertura (PIA)
de 6 759,548; durante el año logró alcanzar un Presupuesto de Inversión
Modificado (PIM) de 23 658,657 de soles, producto de saldos y gestiones. El 31
de diciembre el diario oficial El Peruano publicó la Resolución Directoral Nº
0018-2020-MEF, donde valoraban los resultados del cumplimiento de las metas en
referencia a la Ejecución de la Inversión presupuestal. En esta resolución se clasifica
a la comuna provincial como una de las municipalidades de tipo “A”, es decir se
enmarca dentro de los gobiernos municipales que cumplieron con los objetivos y
metas según criterios de la Dirección General de Presupuesto Público, logrando
ejecutar el 72% (17,038.680 de soles) del PIM. En palabras publicadas en la web
municipal por el alcalde este resultado se alcanzó gracias al esfuerzo, el
compromiso y capacidad de gestión responsable de los funcionarios y equipos de
trabajo.
Este
reconocimiento pertinente con las decisiones y acciones estratégicas que se
implementaron el 2019, estuvo enmarcado en la ejecución de proyectos y obras
públicas como pavimentaciones de calles y veredas del espacio urbano de la
ciudad, reconstrucción del estadio, así como en la ejecución del proyecto de
agua “potable” en el sector de Valencia. Estos logros, sin embargo, muestran
incongruencia con la aplicación efectiva de la herramienta del presupuesto
participativo, motivo por el cual en este trabajo se pretende realizar un diagnóstico
situacional en la comuna de Jaén.
Eslava
y Chacón (2018) en su investigación sobre el presupuesto participativo y su
impacto en el contexto latinoamericano encontró que el Perú presenta un marco
normativo extenso sobre este mecanismo de participación ciudadana, no obstante,
la mayoría de ciudadanos y organizaciones sociales desconocen sus beneficios y
oportunidades; asimismo, los responsables de su aplicación y promoción poco o nada
hacen para transparentar sus procesos, así como atender las demandas de la
población vulnerable (Acosta, 2018, p. 53). De igual forma, las autoridades municipales
presentaban escaso compromiso para su implementación, las metodologías que
empleaban se caracterizaban por ser burocráticas, y los equipos técnicos y
funcionarios carecían de competencias y capacidades. (Acosta, 2018, p. 54)
En el
contexto regional la situación es similar, pero a la vez preocupante debido a
la desconfianza de la población con sus autoridades, el diálogo concertado
entre el gobernador con los líderes sindicales, las organizaciones socio
ambientales y la sociedad no existe, producto de los numerosos conflictos por
las exploraciones y explotaciones mineras. A esto se suma los niveles de corrupción
de los funcionarios, la poca transparencia en la ejecución del canon y
presupuesto público, y los planes populistas y demagógicos que llevaron al
poder a muchos gobernantes y luego durante su mandato tuvieron que alinearse a
los intereses de las grandes empresas mineras.
En
Jaén, según los informes publicados en la página web oficial de la
municipalidad los proyectos que vienen ejecutándose o que se han ejecutado ha
excluido la participación de los ciudadanos, las decisiones se han tomado a
nivel de los funcionarios, cuerpos de regidores y técnicos, por ejemplo, la
reconstrucción del estadio, pavimentaciones de calles y avenidas; reforestación
de cerros; pintado de murales en las riberas del río Amojú; reparación de
pistas y veredas. Lo descrito se contrapone con las grandes necesidades y
demandas de la población y que están plasmadas en el Plan de Desarrollo
Concertado al 2021.
Con
respecto a las experiencias internacionales En Colombia el presupuesto
participativo es limitado para los ciudadanos, se rige por criterios técnicos,
existe un desencuentro muy marcado entre las autoridades y la población;
algunos municipios escasamente promueven la participación. Los consejos y
administración pública poco garantizan la continuidad del presupuesto público
cuando hay alternancia de los gobiernos locales; con frecuencia incumplen o
demoran la ejecución de los proyectos, asimismo, los presupuestos destinados a
solucionar las demandas de las organizaciones sociales están desarticuladas con
la planificación municipal, situación que desmotivan a los ciudadanos para tener
una actuación activa en la cogestión de los municipios. (Sáenz, 2017)
En
México, el presupuesto participativo se viene implementando progresivamente en
las entidades federativas, por tanto, su aplicación y cobertura es disperso y
restringido. Según la Constitución de 1999 los municipios están obligados a
asegurar la participación ciudadana, sin embargo, los municipios no han
reglamentado su ejecución debido al sistema fiscal centralizado del gobierno
estatal y no contar con disponibilidad de recursos financieros. Del análisis de
las pocas experiencias del presupuesto participativo, García y Téllez
(2018, p. 18), identificaron que fue limitado el cumplimiento de los objetivos;
de igual forma, encontraron que la intensidad y alcance comprende una
valoración muy baja, porque excluyeron a sectores vulnerables; no se promovió
espacios de participación, diálogo representativo y plural; además, los
mecanismos de concertación se caracterizaron por reuniones esporádicas,
asambleas improductivas y convocatorias sin ningún criterio de atención
territorial y temático.
Por su parte, en
Cuba, los delegados de las asambleas municipales del
poder popular vienen siendo cuestionados por la escasa conexión,
atención y solución a las problemáticas locales. Estos representantes han
perdido legitimidad, vitalidad y probidad debido a su incapacidad para crear
políticas presupuestales públicas, limitada participación y decisión para la
distribución efectiva de los recursos locales; además, de la escasa promoción
para democratizar los procesos de diseño, ejecución y control del presupuesto
municipal. Este último aspecto se caracteriza por ser formalista y
verticalista, su aprobación depende de otros órganos superiores, por
consiguiente, no existe autonomía económica y financiera en los municipios y la
participación ciudadana es excluidas en la toma de decisiones. El reto
desafiante para este siglo es implementar mecanismos que involucren a los
actores de las bases sociales en la gestión de los fondos públicos. (Hechevarria,
2017)
Los fundamentos
teóricos se enmarcan en las teorías democráticas representativitas y
participativas. Almagro, (2016) cuestiona el
paradigma ideológico y doctrinario del neoliberalismo afirmando que, el sistema
democrático estatal moderno configura o delimita la participación ciudadana en
aspectos relacionados con la elección y alternancia de las autoridades
públicas. Esta participación mediante el derecho al sufragio se caracterizaba
por ser periódica y otorgaba facultades y poderes a los gobernantes para
decidir sobre el destino de los pueblos; además, la sociedad estaba sujeta a
obedecer pasivamente y ser gobernada sobre la base de políticas imperativas de
sus propios representantes.
En
este contexto la democracia representativa se entiende como un modelo de
gobierno basado en la competencia de los partidos políticos o movimientos
independientes por conseguir la mayor cantidad de votos. Para lograr tal fin,
establecen planes de gobierno y estrategias que les permitan llegar y convencer
a los ciudadanos para que puedan obtener de ellos su apoyo. Según, Miguel
(2002) “en este estilo democrático la participación de los ciudadanos se ve
reflejada en la elección de un colectivo de representantes a través de
sufragios cíclicos”. En nuestro país este ejercicio se realiza cada cuatro años
para elegir los gobernadores regionales, los alcaldes distritales y
provinciales; por su parte, la elección del presidente y congresistas se
procede después de cinco años. Almagro, (2016) “concluye que esta forma de
gobierno es reduccionista, excluyente, asimismo, altera la soberanía jurídica y
popular”.
En contraste la democracia participativa se
presenta como un modelo que regula el enfoque representativo. Tiene como base
axiológica la comprensión sinérgica del antagonismo de la “libertad y la
participación y sus efectos en la legitimidad y funcionamiento del sistema
democrático” (Almagro, 2016, p. 180 - 181). Este mecanismo participativo
involucra y empodera la sociedad organizada en la toma de decisiones
corresponsables y en la determinación de políticas públicas que respondan a sus
intereses. Promueve también “la consulta, la iniciativa popular y la revocación
de mandato”. (Escamilla, 2019, p. 170 - 171). Tiene como propósito
fortalecer los canales y espacios de participación ciudadana, valorar y
respetar las organizaciones civiles, vigorizar la soberanía, la
autodeterminación y el autogobierno popular; las decisiones concertadas entre
los ciudadanos y los gobernantes son los pilares para impregnar legitimidad y
estabilidad al sistema político. (Cruz, 2010, p. 214; y Navarro, 2000, p.
13)
Destacar
que este modelo busca la deliberación en igualdad de condiciones, el consenso,
la negociación legítima y ética, la participación informada, la toma de
decisiones políticas colectivas y vinculantes (Elster, 2001, p. 18); estimula
el arraigo territorial, incrementa la conciencia e interdependencia social,
estimula el espíritu constructivo y conciliador, reduce las desigualdades
sociales, incide en el fortalecimiento de la confianza en las instituciones
para solucionar conflictos socioambientales, así como en la redistribución de
los recursos en el marco de la diversidad y pluralidad social; dinamiza y
viabiliza la complejidad de las agendas gubernamentales; y “persigue la
emancipación a través de la radicalización y profundización democrática” (Viejo
et al., 2009, p. 51).
El
presupuesto participativo en la comuna de Jaén se fundamenta en ambas teorías
democráticas. Es representativo porque las autoridades han sido elegidas
mediante elecciones municipales en el 2018. El actual alcalde postuló por el
partido político de Acción Popular, y lo acompañan 11 regidores y su
administración municipal está bajo la responsabilidad de gerentes de confianza.
Es participativo en la medida que actualmente forma parte de las políticas públicas
nacionales, y la ley de municipalidades también lo menciona literalmente. Sin
embargo, su implementación en los distintos niveles de gobierno aún es incierto
y no se ejecuta en su real dimensión.
En
base a este análisis y reflexión, el objetivo general del estudio fue realizar
un diagnóstico situacional del presupuesto participativo en la comuna de Jaén, y
los objetivos específicos que lograron su concesión fueron cuatro; identificar
el nivel situacional de la fase de preparación, concertación, coordinación
entre nivele de gobierno y formalización del presupuesto participativo. La
hipótesis a defender se expresó en: El estado situacional del presupuesto
participativo en la comuna de Jaén es satisfactorio porque contribuye en la
promoción de la participación ciudadana, el bienestar social y mejora de las
condiciones de vida de los ciudadanos.
II. MÉTODO
El estudio se relaciona con el enfoque cuantitativo; comprende el
tipo de investigación no aplicada, por su naturaleza es descriptiva, y presenta
el diseño no experimental descriptivo simple, para
Hernández, et al. (2014), en este diseño “no se manipulan las variables
deliberadamente lo que permite ver el objeto de estudio tal y como sucede en la
realidad para después analizarlo”. Los métodos teóricos que se
utilizaron fueron el hipotético deductivo y el análisis y síntesis. El primero
favoreció identificar las características de la situación problemática,
contrastar la hipótesis de investigación y deducir predicciones y
conocimientos; por su parte el segundo y tercero contribuyeron a fragmentar la
variable de estudio en dimensiones e indicadores, configurar relaciones y
arribar a concusiones.
La población estuvo conformada por 625 trabajadores
nombrados, contratados en la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio
(CAS), Locadores de servicio y D.L. 728 de la Municipalidad
Provincial de
Jaén, incluye además los representantes o líderes de organizaciones
socioambientales. La muestra representativa comprendió 22 funcionarios públicos
(alcalde, regidores y los responsables de la Gerencia de Planificación y
Presupuesto), y 10 agentes participantes de la sociedad civil organizada, todo
esto que corresponde al presupuesto participativo. Para su selección se
priorizó el muestreo no probabilístico, es decir, las
unidades muestrales se definieron mediante criterios intencionados del
investigador.
La
técnica de campo que se aplicó fue la encuesta, y para su implementación se
administró dos cuestionarios dirigido a los funcionarios públicos y
representantes de organizaciones socioambientales, su denominación y propósito
fue el mismo, es decir, diagnosticar el presupuesto participativo en la comuna
de Jaén. Este instrumento de recolección de datos se desarrolló en forma
online, se estructuró en base a 20 preguntas con valoraciones cerradas (estilo Likert);
tuvo el consentimiento informado de los sujetos muestrales, y además se respetó
confidencialidad y veracidad. La confiabilidad de ambos instrumentos en base a
la prueba piloto de 10 y 20 alcanzó un puntaje de fiabilidad Alfa de Cronbach de
,910 y ,958 de consistencia interna; asimismo, de acuerdo al coeficiente de
correlación de Pearson obtuvieron un valor de 0.557 y 0.727, expresando una
correlación parcial y moderada.
III. RESULTADOS
Fases del presupuesto participativo según
funcionarios públicos
|
Escala valorativa |
Preparación |
Concertación |
Coordinación entre niveles de Gobierno |
Formalización |
||||
|
f |
% |
f |
% |
f |
% |
f |
% |
|
|
Insatisfactorio |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
4.5 |
0 |
0 |
|
Poco
satisfactorio |
14 |
63.6 |
11 |
50 |
12 |
54.5 |
15 |
68.2 |
|
Satisfactorio |
8 |
36.4 |
11 |
50 |
9 |
41.0 |
7 |
31.8 |
|
Muy
satisfactorio |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sobresaliente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nota: Cuestionario presupuesto participativo comuna de Jaén - 2020
Figura
1: Dimensiones
presupuesto participativo.
Del análisis dimensional la situación
actual del presupuesto participativo, en la fase de preparación, concertación,
coordinación y formalización según la apreciación de los funcionarios y
trabajadores públicos, comprenden las valoraciones: Insatisfactorio (4,5%), poco satisfactorio (63.6%, 50%, 54.5%, y 68.2%) y satisfactorio (36.4%, 50%, 41%, y 31,8%). Estos resultados indican escaso dominio del marco
legal del presupuesto participativo, incumplimiento de las directivas y
ordenanzas; limitaciones para operativizar las diversas etapas de esta
herramienta de gestión. Por consiguiente, los funcionarios tienen dificultades
para comunicar los beneficios y oportunidades, planificar jornadas de
sensibilización y capacitación, además, las convocatorias, así como la
identificación y registro de los agentes participantes que realizan son
insuficientes y carecen de legitimidad social.
|
Tabla 2.
Valoración
general del presupuesto
participativo según funcionarios públicos.
Nota:
Cuestionario presupuesto participativo comuna de Jaén – 2020. |
Figura
2: Presupuesto participativo. |
La responsabilidad de los funcionarios por
implementar el presupuesto participativo en la comuna de Jaén es poco satisfactoria
(54,5%) y satisfactoria (45,5%). Las razones expresan que esta situación se
debe al escaso manejo teórico - normativo de esta herramienta de gestión;
además, la mayoría desconoce los procedimientos metodológicos del presupuesto
metodológico, motivo por el cual, tienen dificultades para su preparación,
concertación, coordinación y formalización. En ese sentido, los resultados
muestran una gestión ineficiente por parte de las autoridades para promover democráticamente
la participación ciudadana y comprometerlos para decidir en que se va a
invertir los presupuestos participativos municipales.
Tabla 3.
Fases del presupuesto participativo según lideres
organizacionales
|
Escala valorativa |
Preparación |
Concertación |
Coordinación entre niveles de Gobierno |
Formalización |
||||
|
f |
% |
f |
% |
f |
% |
f |
% |
|
|
Insatisfactorio |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Poco satisfactorio |
6 |
60.0 |
7 |
70.0 |
5 |
50.0 |
7 |
70.0 |
|
Satisfactorio |
4 |
40.0 |
3 |
30.0 |
5 |
50.0 |
3 |
30.0 |
|
Muy satisfactorio |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sobresaliente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nota: Cuestionario presupuesto
participativo comuna de Jaén – 2020.
Figura 3: Dimensiones presupuesto participativo
Los resultados
según la evaluación de los representantes de organizaciones socioambientales, reflejan
que, el presupuesto participativo en las fases de preparación, concertación,
coordinación y formalización se encuentra entre los niveles de Poco
satisfactorio (60%, 70%, 50% y 70%) y Satisfactorio (40%, 30%, 50% y 30%). Esta
realidad permite deducir que la mayoría de los encuestados afirman su
desconocimiento de los procesos del presupuesto participativo. Reconocen sus
limitaciones en el manejo de la normatividad nacional y ordenanzas locales;
confirman la poca disposición de las autoridades para capacitarlos, por ello
sus participaciones en las reuniones son receptivas e improductivas; las
propuestas y proyectos que platean son asumidas por la comuna, pero no se
implementan; igual, sucede con los acuerdos y compromisos. Además, consideran
que los funcionarios luego de la suscripción de las actas, regresan a sus
funciones y responsabilidades habituales como elaborar informes administrativos.
Por tanto, es muy difícil que se logre la concreción de la elaboración de los
perfiles y expedientes técnicos de los proyectos priorizados.
|
Tabla 4. Valoración
general del presupuesto
participativo según lideres organizacionales
Nota:
Cuestionario presupuesto participativo comuna de Jaén – 2020. |
|
Los resultados corroboran que las
relaciones entre la administración municipal y los dirigentes organizados
presentan limitaciones para generar espacios participativos y de concertación
en la toma de decisiones, transparencia y vigilancia del presupuesto
participativo. Los espacios de diálogo participativo en las etapas de preparación, concertación, coordinación y
formalización evidencian resultados situados en los niveles de valoración poco
satisfactorio y satisfactorio (50%). Entre los motivos encontramos el uso
incipiente de esta herramienta de gestión por parte de los funcionarios de
confianza y trabajadores públicos; exclusión de la sociedad civil en la
selección de proyectos de inversión pública; direccionamiento y alineamiento de
los procesos del PP a intereses partidarios, empezando por la misma autoridad
edil que viene favoreciendo la ejecución de proyectos en beneficio de sectores
que apoyaron su campaña; ejercicios de convocatorias simuladas y maquilladas en
caseríos y centros poblados, es decir, reúnen a los pobladores, recogen sus
expectativas y solo queda en acta los acuerdos, porque luego es parte del
portafolio municipal hasta que se les ocurra asignar el presupuesto; asimismo
desconocimiento de los líderes y representantes acreditados del marco normativo
del PP, así como de los instrumentos presupuestales y programáticos como el PIA
y PIM del municipio.
IV. DISCUSIÓN
Se infiere también, escasa motivación por promover el
trabajo colegiado y reflexivo, predisposición para llegar a consensos y
priorizar proyectos participativos. La asignación de presupuesto está alineado
a otros intereses; de igual forma, los acuerdos y compromisos, así como la
publicación de actas queda como parte del archivo o se encarpeta. Esta
afirmación coincide con el estudio de Diaz, (2017, p. 11) al señalar que aún
persiste una “cultura política basada en el clientelismo” imposibilitando una
justa distribución de los recursos. Igualmente, existe limitada coordinación
entre el gobierno regional y local para compartir el financiamiento de
proyectos; exclusión de los agentes participantes en este nivel de
corresponsabilidad vulnerando los principios de igualdad, por consiguiente,
estos aspectos van a incidir en la sustentabilidad y sostenibilidad de los
proyectos de inversión pública. Esta percepción
concuerda con la expuesto por Buele y Vidueira (2018) quienes consideran
“que las desigualdades y discriminaciones sociales son evidentes en el
presupuesto participativo”, debido que sigue prevaleciendo lo representativo
sobre lo participativo.
Esta situación adversa refleja, poca disponibilidad de
los funcionarios para priorizar e incluir los proyectos seleccionados en el PIA
y el PIM; asimismo, los cronogramas de ejecución y la publicación de los
avances de las etapas del presupuesto participativo, se ven reducidas a
informaciones superficiales y con contenidos abstractos que es difícil su
comprensión. Complementa este análisis, la rendición de cuentas maquilladas,
demagógicas y populistas que la ciudadanía escucha, pero no se siente
satisfecha debido que su bienestar y seguridad social siguen siendo
desatendidas; es decir, este ejercicio democrático se caracteriza por ser
informativo, formalista, instructivo donde los únicos que exponen son los
gerentes y algunos técnicos, por su parte los “invitados” se limitan a escuchar
y recibir trípticos, folletos y volantes. igualmente, los comités de vigilancia
organizados son manejados por los funcionarios, generando muchas veces
prácticas de corrupción y otros delitos afines. Estas aseveraciones se
contraponen con la propuesta de Escamilla (2019) de establecer “mecanismos de
acompañamiento, seguimiento y monitoreo para vigilar y transparentar las
acciones de las autoridades municipales. De esta forma, los ciudadanos tienen
libertad y autonomía para controlar y regular los gastos de los recursos
financieros que recaudan”
En ese sentido, si bien el presupuesto participativo
por resultados en la comuna esta oficialmente aprobado por la Ordenanza
Municipal N° 007-2019-MPJ/A, además reglamentado para el periodo fiscal 2020,
no obstante, los responsables directos y gerencias encargadas expresan poco
compromiso e interés para establecer acciones que garanticen su implementación
y cumplimiento efectivo; realidad que ellos mismo señalan en el Plan de
concertación (2013 -2021) donde mencionan que este mecanismo de gestión viene
usado de manera incipiente (p. 77), análogamente reiteran que, existe la
necesidad de fortalecer los espacios de interacción intervecinal, respetar las
divergencias, diferencias, la diversidad cultural, institucionalizar el diálogo
social y la participación ciudadana y cumplir con el presupuesto participativo
de acuerdo a los tiempos establecidos (p. 89).
Con respecto a la percepción de los líderes y
representantes de la sociedad civil, los resultados indican afirmaciones
análogas con las que emitieron los funcionarios; por tanto, la mayoría de
ciudadanos representativos de la sociedad civil considera que es importante
conocer y manejar el marco legal del presupuesto participativo de tal forma que
ellos puedan conocer sus derechos y ejercer su rol activo en la gestión del
gobierno local; otro aspecto a destacar es el desconocimiento de directivas y
ordenanzas que reglamentan el PP, a esto se suma, el limitado desarrollo de
capacidades para operativizar y tomar decisiones en los diversos momentos o
etapas del PP, la poca claridad y valoración de los beneficios y oportunidades
que ofrece en la solución a los problemas sectoriales; esto se debe en parte
porque estos representantes carecen de una capacitación y sensibilización por
parte de los funcionarios, además porque en muchas ocasiones su selección fue
direccionada y están subordinados a los lineamientos de los responsables del
presupuesto participativo. De acuerdo con Garrido y Montecinos (2018) el
aprendizaje y la comprensión de las leyes y normas permiten el empoderamiento
ciudadano, fortalece el entendimiento de los procesos y reglas de juego del PP,
incrementa la capacidad para exigir a los gobernantes mayor espacios de
decisión democrática y la legitimidad de la gestión pública.
Complementa lo descrito, la ausencia de un trabajo
colegiado y reflexivo entre los agentes participantes y los encargados del
presupuesto participativo, es común observar que las reuniones tengan una
orientación informativa e impositiva por parte de las autoridades, generando
limitados consensos con los líderes, por ello los acuerdos y compromisos en
algunos casos solo asumen los que se quedan hasta el final, debido que un
porcentaje prefiere retirarse por no ser escuchado y atender a sus demandas.
Agregar que su insatisfacción también se muestra en la asignación de los
presupuestos participativos a no tener correspondencia con los acuerdos,
compromisos y solo quedar explicito en actas las mismas que solo quedan en el
formalismo del asambleísmo. Por otro lado, la pasividad y exclusión que
muestran estos líderes en las coordinaciones entre los niveles de gobierno,
para concertar y determinar el financiamiento de los proyectos. Por lo general
estas actividades son exclusivas de los órganos de gobierno y no garantizan la
transparencia, sustentabilidad y sostenibilidad de la inversión que pueda
determinarse en favor del desarrollo local. Para Pagliai y Montecinos (2006) la
eficiencia en la implementación del PP se alcanza solo si existe voluntad
política del gobernador y el alcalde, sin el apoyo y soporte decidido de estas
autoridades es difícil lograr los objetivos”
Estas acciones también conllevan que la ejecución de
los proyectos priorizados quede relegada en el tiempo aumentando la
insatisfacción de los ciudadanos, motiven acciones conflictivas y se disipe la
confianza de los líderes en sus gobernantes. Con respecto a la elaboración y
formalización del PIA y el PIM los agentes manifiestan disconformidad, esto
porque los proyectos que fueron propuestos por las organizaciones
socioambientales por lo general han sido obviados o separados aduciendo que aún
no hay presupuesto o que más adelante se va a insertar en este proceso de
planificación presupuestal. Dejando sin sentido el trabajo de los equipos que
tienen la función de vigilar el cumplimiento de lo acordado en las fases
anteriores. Por último, en relación a la rendición de cuentas confirman su
cuestionamiento al trabajo municipal porque solo presentan e informan avances
de proyectos que no satisfacen las necesidades de los ciudadanos, además
carecen de impacto social.
Esta apreciaciones y percepciones rechazan la
hipótesis de investigación expresada en: El estado situacional del presupuesto
participativo en la comuna de Jaén es satisfactorio porque contribuye al
bienestar social y mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Por
consiguiente: En
la comuna de jaén aún se refleja una gestión centrada en lo administrativo y lo
tecnocrático, la estructura orgánica es jerárquica y las decisiones se
determinan y formalizan de arriba hacia abajo; la gerencia municipal y las
gerencias que la conforman mayormente están avocadas a tramites rutinarios
propios de su campo de acción; asimismo, orientan esfuerzos y capacidades a
elaborar constantemente informes técnicos y legales para cumplir con las
numerosas recomendaciones emitidas por el órgano de control institucional,
muchas de estos reportes de auditorías vienen desde gobiernos municipales
anteriores y que aún persisten en el portal de transparencia de la entidad.
V. CONCLUSIONES
Con respecto a la
fase de preparación del presupuesto participativo en la comuna de Jaén la
situación actual en base a la percepción de los funcionarios y agentes
participativos es poco satisfactorio (63,6% y 60%) y satisfactorio (36,4% 40%).
Esto demuestra limitaciones en su desarrollo y ejecución. Los sujetos
encuestados admiten que es muy relativo o constante la planificación de
estrategias de comunicación y sensibilización que asegure y motive a los
ciudadanos su participación activa y corresponsable, lo que dificulta tener una
convocaría significativa de las organizaciones socioambientales acreditadas, construir
relaciones de confianza interdependientes y reciprocas; asimismo, identificar
los agentes participantes y recoger iniciativas y propuesta pertinentes para
invertir los recursos públicos en proyectos que beneficien a la población.
En la fase de
concertación, las valoraciones diagnóstico de acuerdo a la apreciación de los
encargados y actores sociales comprenden los niveles poco satisfactorios (50% y
70%) y satisfactorio (50% y 30%), es decir, el trabajo concertado que realizan
se expresa en reuniones informativas y direccionadas. Por tanto, el contenido
de las agendas a tratar es preestablecido y los discursos son exclusividad de
los técnicos, reduciendo de esta forma, la participación de los ciudadanos
convocados. Esta metodología de trabajo limita la horizontalidad del análisis
situacional y reflexión crítica sobre aspectos que reflejan las necesidades
reales de los sectores. Conllevando de esta forma a reducir los niveles de
consenso en la toma de decisiones; la selección y priorización de proyectos que
demandan los ciudadanos; tener conciencia y claridad en la asignación del
presupuesto; concretizar la firma y publicación de actas donde se explicite la
formalidad de los acuerdos y compromisos que beneficie y favorezca la solución
de los problemas que reclaman los ciudadanos.
Por su parte, la fase
de coordinación entre los niveles de gobierno los resultados obtenidos de los
funcionarios y líderes organizacionales corroboran que se encuentra entre los
niveles de insatisfactorio (4,5%), poco satisfactorio (54,5% y 50%) y
satisfactorio (41% y 50%). Indicando la escasa capacidad de las partes para
articular esfuerzos y sinergias que garanticen la inversión presupuestaria.
Estos espacios de cofinanciamiento por lo general prevalecen los intereses
políticos y compromisos partidarios de la campaña política, además, está
supeditada o sujeta a los montos que ofrecen, lo que altera muchas veces las
competencias de la jurisdicción municipal. Igualmente, en esta etapa se percibe
que los agentes participantes no se incluyen en los procesos decisorios de los
proyectos de inversión pública; otro aspecto a destacar, se manifiesta en los
compromisos y responsabilidades subsidiarios que deben asumir ambos gobiernos evidenciando
limitaciones para convenir y cumplir sus alianzas, hecho que no asegura la
sustentabilidad económica y sostenibilidad descentralizada en la ejecución de
los proyectos priorizados.
Por último, en la
fase de formalización, de acuerdo a los sujetos muestrales también se aprecia
las valoraciones poco satisfactorio (68,2% y 70%) y satisfactorio (31,8%, 30%),
concluyendo que, los acuerdos y compromisos asumidos en las mesas de diálogos
concertados son excluidos o dejados de lado. Los proyectos comunales
priorizados por los ciudadanos con frecuencia son reemplazados con artimañas y
pretextos que los mismos funcionarios los crean. Considerando en el PIA y el
PIM los proyectos de inversión que exponen mayor impacto político partidario,
obras públicas que son superfluas pero rentables para actos de corrupción, y la
culminación de proyectos comprometidos en gestiones anteriores. Por tanto, los
cronogramas ejecución de los proyectos que proyectan pierden sentido conocer su
progreso por ser ajenas a los intereses de los ciudadanos, aunque atractivas
para los empresarios que la realizan. Complementa esta situación adversa la
irresponsabilidad de unidad de Imagen e Informática Institucional que no
registra y publica en la página web oficial de la municipalidad y otros medios
las diversas etapas del presupuesto participativo y su avance de ejecución; los
cuestionamientos al ejercicio de rendición de cuentas por ser insignificativas
y poco productivas; y la cooptación de los comités de vigilancia que están formalizados,
sin embargo, no cumplen sus funciones y atribuciones.
VI. RECOMENDACIONES
El municipio adicionar en su estructura orgánica una
subgerencia responsable de la implementación y ejecución del presupuesto
participativo como apéndice de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, la
misma que debe estar articulada e integrada de manera directa a los diferentes
comités de coordinación local y distrital (consejo de juventudes, defensa
civil, seguridad ciudadana, participación vecinal, programa de vaso de leche,
control interno, anticorrupción, derechos ciudadanos, comité técnico ZEE, proyectos
de inversión, etc.).
Promover la formación ciudadana ética y responsable
mediante talleres de sensibilización y concientización que aseguren una
participación consciente e informada de los pobladores. Para ello, los técnicos
y profesionales deben organizar en las casas comunales programas educativos que
incluya módulos autoinstructivos, espacios socioformativos y de reflexión
crítica con el propósito de asegurar el desarrollo de capacidades en el manejo teórico
práctico de los modelos democráticos representativos y participativos; los
procedimientos y mecanismos legales del presupuesto participativo, además, ser
evaluados y retroalimentados formativamente.
Configurar un sistema digital donde se registre las
necesidades y demandas de los diferentes sectores urbanos y rurales, y
publicarlo en el portal municipal oficial. Este registro permitirá evaluar el
avance de las iniciativas y propuestas ciudadanas, igualmente se podrá
verificar la solución de los diversos problemas que aquejan a dichos sectores;
además construir y sostener canales de comunicación presencial y virtual de la
inversión de los recursos presupuestales para transparentar la gobernanza
municipal.
Los funcionarios garantizar la sostenibilidad y
viabilidad de los proyectos priorizados mediante ordenanzas públicas que estén
en función a los intereses de la sociedad civil, brindar autonomía a las
organizaciones de base para que elijan sus representantes o dirigentes; tener
una actuación justa, honesta, empática y sobre todo sinérgica para cumplir con
las expectativas de los ciudadanos, recibiendo de ellos su reciprocidad,
confianza, y esperanza de alcanzar anhelos y reclamos que mucho tiempo vienen
gestionando.
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